REVISTA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDAD

2025, Vol.37 Nro.1 (en. - jun.), 11-13

e-ISSN: 26107759

Editorial

Carlos Iván Moreno *

^*.Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

La universidad se ha concebido como un espacio de movilidad social, innovación y democratización del conocimiento. Sin embargo, la historia de la educación superior muestra que este ideal convive con estructuras de desigualdad que, lejos de ser accidentales, se encuentran profundamente arraigadas en la organización institucional, las culturas académicas y las relaciones de poder. Entre ellas, las desigualdades de género constituyen una de las más persistentes, aunque en las últimas décadas han ganado visibilidad y han motivado transformaciones normativas y políticas.

No obstante, los avances logrados en materia de igualdad de género dentro de la educación superior resultan insuficientes si no se consideran las múltiples formas de discriminación que se entrecruzan y que configuran de manera diferenciada las trayectorias en el ámbito universitario.

El concepto de interseccionalidad, propuesto por Kimberlé Crenshaw (1989), ha sido central para comprender que las experiencias de exclusión no son homogéneas, sino que resultan de la interacción simultánea de múltiples factores como género, clase, etnia, orientación sexual, discapacidad o estatus migratorio. En el contexto universitario, esta mirada permite identificar cómo mujeres indígenas, afrodescendientes o provenientes de sectores empobrecidos enfrentan barreras adicionales en comparación con otras estudiantes y académicas.

En términos de acceso, las mujeres han logrado una presencia mayoritaria en la matrícula universitaria global. De acuerdo con el Instituto de Estadística de la UNESCO, en 2023 ellas representaban el 53% de la matrícula terciaria a nivel mundial y más del 55% en América Latina y el Caribe (UNESCO, 2023). Estos avances evidencian una conquista histórica frente a la exclusión educativa y han sido acompañados por políticas públicas de igualdad de género, sistemas de becas y programas de acción afirmativa.

No obstante, esta mayor participación en el acceso no siempre se traduce en igualdad sustantiva. Persisten brechas de género en áreas estratégicas, como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), donde las mujeres representan menos del 35% de la matrícula global y apenas el 27% en investigación científica (Banco Mundial, 2022). De igual forma, la llamada “tubería rota” (leaky pipeline) refleja cómo, a medida que se avanza en la carrera académica, las mujeres tienden a estar subrepresentadas: menos del 20% de las rectorías universitarias en América Latina son ocupadas por mujeres, y las brechas salariales entre docentes hombres y mujeres en la región rondan el 17% (CEPAL, 2022).

A ello se suman fenómenos de discriminación menos visibles, como la asignación desigual de tareas administrativas y de cuidado en las universidades, que recae de manera desproporcionada en las académicas, lo que limita su tiempo para la investigación y afecta sus posibilidades de promoción.

El enfoque interseccional permite cuestionar la noción de que los avances en acceso femenino han resuelto el problema de la desigualdad. En países de América Latina, por ejemplo, las mujeres indígenas enfrentan tasas de finalización de educación superior significativamente menores que las de las mujeres no indígenas; entre las principales razones: las barreras lingüísticas, económicas y culturales profundizan estas brechas, invisibilizando a grupos enteros de la población (Grigera et al., 2023).

De igual modo, las estudiantes y académicas afrodescendientes denuncian prácticas racistas y estereotipos que limitan su participación plena en la vida universitaria. El cruce entre racismo y sexismo se traduce en mayores tasas de deserción, acceso restringido a programas de posgrado y menor presencia en posiciones de liderazgo académico.

La interseccionalidad revela también las desigualdades de las personas con discapacidad o de la comunidad LGBTQ+ en los campus, quienes a menudo enfrentan entornos poco inclusivos y discriminatorios. Todo ello subraya que la lucha por la igualdad en la universidad no puede limitarse a una agenda de género en abstracto, sino que requiere atender simultáneamente las múltiples dimensiones de la exclusión.

En América Latina, la incorporación de unidades de género, protocolos de atención a la violencia y políticas institucionales de equidad han sido pasos significativos. Sin embargo, persisten resistencias culturales e institucionales que ralentizan el cambio. Las denuncias por acoso y violencia sexual en universidades de México, Chile, Argentina o Colombia muestran que la violencia de género sigue siendo un problema estructural. Aunque en muchos casos existen protocolos, su implementación suele ser fragmentada, con escasos recursos y limitada capacidad de sanción.

Las crisis políticas y económicas también inciden en este panorama. En contextos de precarización del trabajo académico, las desigualdades de género se profundizan: las mujeres, más afectadas por contratos temporales y cargas de cuidado, enfrentan mayores riesgos de exclusión y menor participación en investigación de alto impacto. La pandemia de COVID-19 acentuó estas brechas, ya que las académicas vieron reducido su tiempo de investigación en comparación con sus pares masculinos, lo que repercute en la producción científica y en el reconocimiento académico (UNESCO, 2022).

La universidad no solo debe garantizar igualdad formal, sino convertirse en un actor protagónico en la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Incorporar la perspectiva de género e interseccionalidad es una condición para alcanzar la excelencia académica y para cumplir con la misión de la educación superior como bien público global. Ello implica revisar currículos, prácticas pedagógicas, estructuras de gobernanza y sistemas de evaluación, de manera que no reproduzcan sesgos y exclusiones.

Asimismo, los movimientos feministas estudiantiles y las redes académicas de mujeres han mostrado que la transformación institucional no es únicamente una tarea de los gobiernos o rectorías, sino un proceso colectivo que surge desde las comunidades universitarias. La movilización contra la violencia de género en campus latinoamericanos ha sido un catalizador de cambios que, aunque aún incipientes, marcan un camino hacia universidades más seguras, inclusivas y democráticas.

El dossier temático que conforma este volumen ofrece un panorama crítico y propositivo sobre género e interseccionalidad en la universidad. A través de estudios de caso, análisis comparados y marcos teóricos innovadores, los artículos examinan cómo las desigualdades se configuran en diferentes contextos y qué políticas y prácticas pueden contribuir a transformarlas. Desde experiencias de liderazgo femenino en universidades públicas hasta políticas de inclusión para comunidades indígenas y afrodescendientes, las contribuciones de este número buscan no solo describir problemas, sino también proponer caminos de acción.

La sección general, por su parte, enriquece este debate al presentar investigaciones variadas sobre el quehacer universitario. Estos trabajos, aunque no centrados explícitamente en género, permiten comprender cómo los retos estructurales de la educación superior se entrelazan con las agendas de equidad e inclusión.

De este modo, en un mundo donde las desigualdades sociales se agudizan, las universidades no pueden permanecer neutrales. Incorporar la perspectiva de género e interseccionalidad no es una opción, sino una responsabilidad ética y política. Se trata de reconocer que el conocimiento es más rico, diverso y transformador cuando todas las voces tienen lugar y cuando las instituciones cuestionan sus propios sesgos.

Este volumen de Educación Superior y Sociedad constituye, así, una invitación a gobiernos, autoridades universitarias, académicos y estudiantes a profundizar en el compromiso con la igualdad sustantiva. Porque avanzar hacia universidades inclusivas y equitativas significa aportar a la consolidación de sociedades más justas, democráticas y sostenibles.

Referencias

Banco Mundial. (2022). Women, Business and the Law 2022. Banco Mundial. https://wbl.worldbank.org/content/dam/sites/wbl/documents/2021/02/WBL2022%20Chapter%201.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167. https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf

Grigera, A., Vázquez, M.I., Pérez, A.C. y Flores, A. (27 de diciembre de 2023). Mujeres Indígenas Conectadas: Cerrando brechas en habilidades digitales con identidad cultural. ¿y si hablamos de igualdad? https://blogs.iadb.org/igualdad/es/mujeres-indigenas-conectadas/

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2022). Impact of COVID-19 on higher education. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389860.locale=en

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2023). Global education monitoring report, 2023: technology in education: a tool on whose terms? UNESCO. https://doi.org/10.54676/UZQV8501

Cómo citar (APA):

Moreno, C.I. (2025). Editorial. Revista Educación Superior y Sociedad (ESS), 37(1), 11-13. DOI: 10.54674/ess.v37i1.1086